En la era de mayor expansión de las telecomunicaciones en todo el mundo, en nuestro país se observa en cambio una fuerte caída de la inversión en tecnología e infraestructura, con el consecuente impacto para el servicio. El motivo: la falta de reglas claras para el sector. En esta nota, un panorama del presente de la industria y qué pasos deberían darse para revertir la situación.
La pandemia trajo el futuro al presente. Se aceleró el cambio hacia lo digital. Los seres humanos, antes de lo previsto, necesitamos más conectividad para el trabajo, las amistades, las compras, la educación, el ocio, la familia.
¿Qué hizo el mundo frente a ese enorme desafío? El soporte de esta transformación digital es la industria de las telecomunicaciones. Los gobiernos generaron incentivos a esta industria, se ofrecieron oportunidades, se fijaron nuevas reglas. Y entonces, las compañías y los gobiernos anticipan a hoy inversiones previstas para un futuro mediato. El cambio tecnológico tiene un ritmo vertiginoso como nunca lo tuvo: el 5G va a llegar más rápido a los 1000 millones de usuarios que lo que demoraron en llegar la banca digital, las tarjetas de crédito, los smartphones o el 4G.
¿Y qué hizo el kirchnerismo gobernante en la Argentina? Jueguito para la barra brava: declarar a Internet “servicio público” y congelar las tarifas. Y ni siquiera logró garantizar eso… ¡Las tarifas aumentan todos los meses!
Veamos. El gobierno del Frente de Todos comenzó su gestión respecto del área de Telecomunicaciones con el marco jurídico heredado de la administración de Cambiemos, basado el DNU 267/15 que organiza en ENaCom la autoridad de aplicación de las leyes de “Servicios de Comunicación Audiovisual” y de “Argentina Digital”.
Promediando su primer año de gestión -y a poco más de 4 meses del inicio de la pandemia con todas sus consecuencias económicas, sanitarias, y sociales en curso- irrumpe en agosto del 2020 el decreto 690/20, que va a marcar el posicionamiento del gobierno nacional y el marco regulatorio para la industria de las telecomunicaciones hasta el día de hoy.
Esta norma da a los Servicios TICs y de Telecomunicaciones el carácter de “servicio público en competencia”, y congela los precios de los servicios hasta el 31 de diciembre de ese año estableciendo un sistema de regulación de los mismos.
Decisión exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, no fue consultada con las empresas de una actividad económica que constituye un verdadero entramado de grandes compañías, PyMES, cooperativas, Sociedades del Estado; ni con la oposición; ni con provincias ni municipios. Consecuencia de esa falta de consulta, sumada a sus marcadas inconsistencias, el decreto fue tempranamente cuestionado desde diferentes perspectivas.
Desde un punto de vista jurídico, se ha señalado, entre otros argumentos:
que no se dan los supuestos legales para la calificación como “servicio Público” y si así fuera, es ilegítimo el órgano que la dicta ya que la Constitución Nacional prevé que dicho estatuto debe ser sancionado por ley en el sentido formal o publicatio.
no se verifican los presupuestos de necesidad y urgencia exigidos en la Constitución Nacional para su dictado, además de que el Congreso se encontraba funcionando regularmente.
Desde el punto de vista económico, se indicó que la imposibilidad de fijar los precios por parte de las empresas prestatarias conspiraría contra la inversión. En una industria que está sujeta a permanentes cambios tecnológicos y a incorporar nuevos servicios y productos, es necesario renovar equipamiento e infraestructura de modo permanente. La medida traería falta de previsibilidad y de seguridad jurídica.
Los malos resultados del decreto 690/20 están a la vista. Veamos el impacto que tuvo desde esas diferentes perspectivas.
Los cuestionamientos jurídicos llevaron a la presentación de acciones de amparo con medidas cautelares que fueron en general aceptadas por la Justicia, lo que trajo como efecto lo peor que puede pasarle al marco regulatorio de una política pública: que no se apliquen las mismas reglas de juego para todos los jugadores.
Dependiendo de la posibilidad de acceso al asesoramiento jurídico, del criterio de cada tribunal, de la ubicación geográfica, etc, algunas compañías aún hoy no están alcanzadas por los efectos del decreto mientras que otras -especialmente las más pequeñas, en el país hay más de 1000 PyMes y cooperativas que brindan conectividad- han tenido que ajustarse a las tarifas permitidas por la autoridad de aplicación.
Así, es como si en el campeonato de la Primera División, River pudiera jugar con la mano, Boca sin offside y Unión de Santa Fe sólo pudiera hacer goles los primeros 60 minutos -los ejemplos son caprichosos-.
Pero más allá de la suerte que corra respecto de la norma cada uno de los actores, lo que está claro es la incertidumbre normativa, en definitiva la carencia de seguridad jurídica que trae graves consecuencias económicas. Y esas consecuencias económicas no surgen solamente de la imposibilidad de establecer el cuadro tarifario como resultado de los precios que indica el mercado. Es, mucho más grave, la consecuencia sistémica negativa de la falta de una regla común: aquél país al margen de la ley que describiera magistralmente Carlos Nino en el que finalmente ningún juego es posible, nada funciona simplemente porque no hay juego sin reglas.
El consecuente deterioro se verificó pronto un atraso de las tarifas -sólo para aquellos prestadores no alcanzados por medidas cautelares- respecto de la inflación que fue creciente en todo el período y una fuerte caída de la inversión privada.
En este punto es evidente la falta de timming de una medida de estas características: cuando en el mundo se adelantaron las inversiones programadas en infraestructura como consecuencia del crecimiento exponencial de la demanda verificada durante el aislamiento a nivel global, en Argentina las inversiones se ralentizaron.
Según Goldman Sachs no se prevé que se frene la ola de operaciones que ha llevado al capital privado a invertir en 18 meses más que en los diez años anteriores. En el segundo trimestre de 2021 las inversiones de capital privado en empresas de telecomunicaciones alcanzaron los 440.000 millones de euros, una cifra histórica que está muy por encima, por ejemplo, de los 169.000 millones de euros de los tres primeros meses de 2015.
Tampoco este atraso en la inversión privada ha sido mitigado de modo significativo por la inversión financiada por fondos públicos. Por el contrario, las dificultades burocráticas y la ausencia de una agresiva generación de proyectos, hacen que se desaproveche el Fondo Fiduciario del Servicio Universal conformado con el 1% de la facturación de las compañías. Ese fondo -que ya supera holgadamente los 20.000 millones de pesos- crece todos los meses: las utilidades financieras más el flujo mensual es menor a la asignación de recursos a los proyectos de mejoramiento de la conectividad aprobados.
Por los motivos señalados es necesario salir rápidamente de la trampa del Dec 690/20 derogándolo y volver a un sistema de reglas claras y aceptadas -por lo menos en sus aspectos centrales- por todos los actores de la industria. Asimismo, es imperioso organizar una gestión ágil de formulación de proyectos de conectividad, con un ranking basado en el criterio de cerrar la brecha en las provincias y regiones con menos conexiones de fibra óptica al hogar, para ejecutar el Fondo Fiduciario del Servicio Universal. En definitiva, volver a tener reglas de juego que permitan el funcionamiento de un sector tan crítico como el de las telecomunicaciones, que en definitiva no es más que volver al imperio de la ley.
Luego habrá que planificar, coordinar acciones, tomar decisiones y finalmente llamar a competir por las inversiones y la operación de la tecnología 5G. Pero esa es otra liga, de la que estamos aún muy lejos.
