Desde la salida de la crisis de 2001 y hasta 2015, en la Argentina hubo un incremento sostenido de la presión impositiva, tanto de Nación como de las Provincias, que pasó del 18 % del PBI en 2002, al 31,1 % en 2015. Dentro de ese porcentual, la carga fiscal de las provincias pasó del 3,1 al 5,4 % en el mismo período.
Si se tiene en cuenta además que a los impuestos los pagan las actividades formales -y en la Argentina se estima que hay al menos un tercio de la actividad económica en negro- la presión tributaria sobre la actividad legal alcanzó en 2015 alrededor del 50 %.
En el período de gobierno de Juntos por el Cambio (2015-2019) se comenzó a revertir la tendencia, y ese pico máximo de 31,1 % de 2015 logró reducirse en 2019 a 28,1 %. Pero las leyes de emergencia dictadas en diciembre por el gobierno de Fernández volvieron a incrementar la presión fiscal, impactando fundamentalmente en la clase media y los sectores productivos, sobre todo en las Pymes y en el área central del país: aumentos en Ganancias, Bienes Personales y retenciones a las exportaciones, incorporación del impuesto al turismo, entre otras medidas.
Paralelamente, en la Provincia, la gestión Perotti suspendió la adhesión al Consenso Fiscal, con lo cual no se producirán las reducciones en las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos -ambos impuestos muy distorsivos- y, si bien rige la Ley de Estabilidad Fiscal para las Pymes, aumentan esas alícuotas para diversas actividades, como en el caso de la agroindustria.
La aplicación de las mismas recetas traerá los mismos resultados que ya conocemos los argentinos: más recesión, menos inversión, caída de la competitividad, y mayor evasión fiscal.
¿Qué creemos que hay que hacer? Todo lo contrario:
- Bajar la presión tributaria -agrandando la base de recaudación y mejorando la equidad fiscal- y
- Mejorar el gasto haciendo más eficiente al Estado.
Esos fueron los ejes de nuestra campaña provincial para colaborar en la promoción de la reactivación económica: eximir del pago de Ingresos Brutos a las industrias, y bajar la alícuota para la actividad comercial, por debajo incluso de lo que proponía el Pacto Fiscal, tal como lo hicimos en la capital provincial en nuestro período de gobierno.
Se trataba de una propuesta realizable: pudimos hacerlo en la ciudad de Santa Fe apoyados en una administración austera y eficiente. Y lo mismo se puede hacer en la Provincia, construyendo un Estado inteligente, con menos gasto político y más inversión en obra pública y gastos de capital.
Lamentablemente observamos que estos primeros 50 días de las gestiones de Fernández y Perotti muestran la decisión de volver al camino de la mayor presión impositiva para los que todos los días levantan una persiana, encienden sus motores o abren la tranquera. Y ya sabemos qué ocurre en el final de ese camino.
